Evo Morales Ayma ganó sus cuartas elecciones consecutivas a la presidencia de Bolivia: venció por 47,07% a 36,51% a su oponente Carlos Mesa, que desconoció los resultados y denunció un presunto fraude sin mostrar evidencias firmes del mismo. Hay algunos datos importantes para dar contexto a la noticia: el Movimiento al Socialismo venció en 242 municipios, es decir el 85% de los mismos; Morales logró la mayoría en Diputados y Senadores; y la diferencia entre los dos principales candidatos fue de aproximadamente 650 mil votos. Es decir: el líder cocalero no ganó por poco ni por asomo, tal como pretendieron hacer creer algunos medios concentrados del continente.

Mesa se apalancó en informes preliminares de las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea para intentar el desconocimiento. Tanto la OEA como la UE cuestionaron que el TREP no haya cargado el domingo la totalidad de las actas: la transmisión llegó al 83%, cifra mayor que el 70% de la carga en 2014 y el 80% en 2016. Luego se habló de un supuesto cambio en la tendencia de la votación, cosa que no existió: Morales aumentó la diferencia unos 3,5% visto y considerando que, al igual que lo que luego pasó en el Cómputo General, el TREP cargó en primer lugar los distritos urbanos, donde el voto anti Evo es fuerte. 

La OEA llegó a un extremo en su posicionamiento: recomendó una segunda vuelta que violaría a la propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece que, cuando un candidato saca más de 40% y 10% de distancia respecto a su principal oponente, resulta presidente electo. Y, para colmo, hizo esa recomendación antes de que se conozcan los datos finales, cuando todavía se estaban cargando actas. La dinamitación que los gobiernos conservadores hicieron de Unasur imposibilitó que haya en La Paz una Misión Electoral independiente, autónoma, que pueda caracterizar el proceso electoral considerando las propias particularidades de ese país: cualquiera que haya cubierto elecciones previas en Bolivia sabe que siempre el voto rural ingresa más tarde, por las propias condiciones geográficas de ese país. 

¿El gobierno de Morales explicó mal lo sucedido con el TREP entre domingo y lunes? Sin dudas. Y eso creó susceptibilidades, dentro y fuera de Bolivia. ¿Alcanza eso para denunciar un supuesto fraude, sin mostrar elementos contundentes que prueben esto? No. No alcanza. Y además hay una paradoja adicional: a esta altura, sin actas irregulares en manos, la oposición boliviana se aferra a denunciar que Morales no podría haber sido candidato, visto y considerando el referéndum del 21 de febrero de 2016. Ese argumento es rebatido fácilmente por el oficialismo: fue el propio Luis Almagro, secretario general de la OEA, el que validó la candidatura de Morales meses atrás, luego de que la justicia boliviana haga lo propio. Y además Mesa aceptó este marco general para concurrir a las elecciones. Es decir: aceptó unas normas que ahora, con los números de la elección en mano, no le resultan adecuadas. 

Se abre un escenario complejo para Bolivia, país que parecía estable en un contexto regional de alta combustión: la interpretación de esta elección se terminará saldando en las calles y las cancillerías. En las primeras, muestran músculo tanto el oficialismo -La Paz- como la oposición -Santa Cruz-. De lo que se trata allí es de evitar que la violencia escale. En la esfera diplomática, en tanto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México ya saludó el triunfo del MAS e hizo lo propio el bloque de diputados perteneciente al Frente de Todos de Argentina, lo que se suma al reconocimiento de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Los gobiernos conservadores de la región ya probaron el desconocimiento, cuando reconocieron a Juan Guaidó en Venezuela. Nueve meses después, los resultados son magros: Nicolás Maduro sigue en Miraflores e incluso acaba de ingresar al Consejo de DDHH de la ONU. Guaidó no gobierna el territorio sobre el que dice tener potestades ejecutivas. Cualquier reconocimiento que no sea a Morales, triunfador de acuerdo al Órgano Electoral Plurinacional, puede ser un nuevo salto al vacío para estos gobiernos y para la región en su conjunto. América Latina no necesita injerencia en los asuntos internos de los países, sino que sean los propios pueblos los que determinen quienes son sus legítimos gobernantes. 

 

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Juan Manuel Karg

Politólogo UBA / Analista Internacional